Tengo información de que toneladas de equipo médico y de análisis clínico está atorado materialmente en bodegas y otras instalaciones fiscales debido a que no lo ha autorizado la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
El titular de ese organismo, que se le conoce coloquialmente como Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, es tan ágil como un caracol que va dejando su estela de baba en su camino, para que no quede duda de la incapacidad de su aparato burocrático.
Miles de pruebas que compra el sector privado para proporcionar a sus clientes un servicio más rápido y barato, está sin movimiento en esas bodegas, mientras miles de personas viven en la angustia de saber si los síntomas que sufren son COVID-19 o una simple influenza u otra enfermedad.
Novelo y sus empleados no se dan cuenta que su burocratismo casi stalinista, mata a muchas personas, que no sirve para mejorar la imagen del gobierno al que sirve (más que a la sociedad) y que se ha convertido no sólo en una carga sino en un problema que daña la imagen y credibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los enemigos de la Cuarta Transformación no están afuera del gobierno, sino dentro. Estos políticos y burócratas, por corrupción (que no es sólo exigir dinero, sino no renunciar pese a su incompetencia), no autorizan ventiladores que tienen el reconocimiento oficial de gobiernos que son mucho más escrupulosos que la Cofepris. Por ejemplo, vienen de Estados Unidos, con el sello de la FDA, que cuenta con sistemas de calificación extremos y no la tinta de un burócrata mexicano elegido por ser amigo de un político de Morena.
Millones de dólares en equipo, pruebas, insumos médicos, están retenidos por la falta de autorizaciones de la Cofepris, donde 5 empleados son responsables de sacar adelante las peticiones de insumos médicos en esta pandemia.
Es triste ver que en lugar de avanzar, nuestro país va hacia atrás.
López Obrador tiene enemigos afuera de su gobierno, obviamente, pero los que le hacen más daño son los que no cumplen con sus obligaciones a cabalidad en su gobierno. Esos deben ser despedidos de inmediato y sin contemplaciones.
El Presidente ordenó hace un mes que se abrieran las fronteras y que el presupuesto fluyera en esta emergencia. Sin embargo, no se ha cumplido con esa decisión presidencial y es una lástima que se abran de par en par las puertas a personajes como León Manuel Bartlett, hijo del director de la CFE, del mismo nombre. Actos de corrupción que son increíbles y quieren hacerlos pasar como si fuera de noche y corriendo.
La corrupción no ha desaparecido en México y se siguen observando casos que duelen a quienes apostaron a un cambio (como ocurrió con Vicente Fox, Felipe Calderón o incluso con Enrique Pea Nieto) y todo siguió igual o peor.
PODEROSOS CABALLEROS: Hace unos días colocamos en tela de juicio el hecho que altos funcionarios de la 4T hubieran tenido acceso a las pruebas para detectar coronavirus. Mencionamos a todo el gabinete Presidencial, desde Andrés Manuel López Obrador, hasta los casos que se detectaron de contagios confirmados. Mencionamos que esas pruebas las pagaba el gobierno para sus funcionarios. Incluimos al Procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla. Su director de comunicación nos envió una aclaración al respecto y nos dijo que con relación a lo señalado en la columna Poder y Dinero, “el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, como acostumbra cada año, se realizó el pasado martes 28 de abril estudios generales de laboratorio, y sumó el del Covid-19 a este chequeo médico. El procurador pagó las pruebas en el laboratorio privado Olarte y Akle con sus propios recursos, y no pidió favor a ninguna institución pública, usando privilegios, como se sugiere en la columna”. No envió copia de la factura correspondiente, que por cierto la debe guardar, ya que es un comprobante deducible de impuestos. La aclaración hecha está. El resto del gabinete sigue sin informar el origen de las pruebas. ¿Tienen mano y derechos sobre los mortales como tú o como yo? Es una pregunta llena de ingenuidad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La población mexicana con discapacidades físicas, visuales, auditivas, intelectuales, mentales o sensoriales, asciende a más de 27.2 millones, de acuerdo con el INEGI. La lucha contra las desigualdades es relevante ahora más que nunca para resistir los desafíos económicos y sociales provocados por el COVID-19. GINgroup, que preside el empresario Raúl Beyruti, participó en un workshop convocado por la OCDE en el marco de su iniciativa Business for Inclusive Growth, donde “GINclúyete”, una plataforma de servicios profesionales para la inclusión laboral de “personas con discapacidad” incursionen con apoyos legislativos y económicos.
Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
@vsanchezbanos
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