El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y su homólogo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, signaron el Convenio de Colaboración para la Transferencia de Tecnologías de la Información.
Menchaca Salazar explicó que a través de este acuerdo el gobierno de Chiapas pondrá a disposición de la administración que encabeza herramientas digitales como la Firma Electrónica Avanzada, la cual dará certeza legal a todos los documentos mediante la identificación del firmante de manera inequívoca, representando, al mismo tiempo, un ahorro sustancial de recursos.
“Cuando se nos exige austeridad, este intercambio de conocimientos nos permite estar en sintonía de lo que han estado desarrollando en otras entidades para poder tener avances y un mejor control del gasto público”, puntualizó el mandatario hidalguense al refrendar el compromiso de su administración con la transparencia y el fortalecimiento de la gobernanza digital.
En su mensaje, Escandón Cadenas recordó que tras la pandemia se presentó un crecimiento exponencial en el uso de las nuevas tecnologías de la información, por lo que resulta importante contar con este tipo de alianzas que impliquen un ahorro presupuestal en el desarrollo de estas aplicaciones y faciliten la emisión de trámites o servicios.
“Más que un convenio, es un acuerdo, una unidad y un acto de fraternidad entre los estados de Chiapas e Hidalgo, y nos permite intercambiar tecnología e instrumentos, con el deseo de que todo ese trabajo de desarrollo sea para servir a ambos pueblos”.
Helmer Ferras Coutiño, director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, destacó que la colaboración entre entidades abona a la generación de beneficios directos de la población, por lo que la entrega de la Firma Electrónica Avanzada a Hidalgo permitirá avanzar hacia la gobernanza digital.
Por su parte, el titular de la Oficialía Mayor de Hidalgo, Orlando Ángeles Pérez, explicó que a partir de este convenio la administración estatal adquiere mayor independencia tecnológica, incrementa los índices de eficiencia en la gestión pública, brinda certeza jurídica y avanza en las tareas de transparentar el uso de los recursos.
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