Redacción.- Con la entrada en vigor del nuevo modelo laboral en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); ha cumplido en tiempo y forma con los plazos establecidos en los artículos transitorios de la ley para lograr eficazmente la implementación de la Reforma Laboral a nivel nacional dentro del plazo de cuatro años fijado por la misma.
Luego de la publicación de la Reforma Laboral en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 1 de mayo, y con 15 días de anticipación a lo estipulado en la ley, la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, instaló el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y emitió sus lineamientos de operación.
Dicho órgano colegiado está integrado por: la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial de la Federación, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) y se encarga de diseñar e impulsar las acciones específicas de los trabajos para la armonización del cambio en el sistema de justicia laboral.
Una de sus primeras acciones fue aprobar la Estrategia Nacional de Implementación, basada en nueve ejes fundamentales: normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas; transferencia y digitalización de expedientes; creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia laboral; procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica; y perspectiva de género.
Asimismo, acordó un calendario escalonado para implementar la Reforma Laboral en todo el país, que inicia en 2020 en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas; continua en 2021 con otras 11 entidades y culmina en 2022 con los 11 restantes; es decir, un año antes del periodo marcado en la ley, que es el 1 de mayo de 2023.
El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral también exhortó a las entidades federativas a integrar Grupos Interinstitucionales, conformados por las autoridades laborales, el poder judicial y legislativo local, con el objetivo de que realicen las acciones previstas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral en su entidad; a la fecha, 30 estados ya instalaron sus grupos de coordinación.
Como parte de los esfuerzos conjuntos en la transformación del mundo laboral, el Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos 2020, el cual considera un monto de mil 400 millones de pesos para el proceso de implementación, así como la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
De igual forma, las Juntas de Conciliación y Arbitraje del país ya presentaron un plan de trabajo para abatir el rezago en la materia, que en conjunto privilegia la conciliación para estos fines. En un acto de transparencia del proceso, la totalidad de los documentos que se han generado con este trabajo se encuentran publicados en el micrositio: http://reformalaboral.stps.
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