En búsqueda de colocar al sector ferroviario como un brazo conector que permita el libre tránsito y se constituya como un cuerpo económico clave en el país, el Senado de la República modificó tres ordenamientos a fin de articular las actividades de comunicación terrestre entre las entidades federativas aprovechando las vías dentro del territorio nacional.
La propuesta, aprobada con 64 votos a favor y una abstención, reconoce dicha actividad como prioritaria para el Estado mexicano tanto en la construcción, explotación, conservación, mantenimiento e interconexión de la infraestructura. Lo anterior, se fundamenta en el incremento del uso de este medio de transporte, ya que datos del Anuario Estadístico Ferroviario 2020 mencionan un aumento superior al 15 por ciento en el traslado de carga entre 2010 y 2020.
El paquete cambios impacta en primera instancia a la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) en su artículo 3, donde se concede al Ejecutivo Federal la facultad de asignación de concesiones, lo cual se complementa con lo mencionado en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), donde se prevé una vigencia indefinida de las licencias, las cuales son intransferibles, mientras que la operación continuará mientras subsistan las razones de interés público que les dieron origen.
En tanto, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) introduce un artículo 59 Bis donde se faculta al Poder Ejecutivo la capacidad de asignación directa a entidades paraestatales de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación.
El documento, remitido al Ejecutivo Federal, tiene el objeto de garantizar el uso de las vías de comunicación y el acceso a éstas a precios asequibles para la población; asegura que las personas tengan acceso a los servicios y promueve la ampliación de rutas para el transporte de mercancías.
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