De acuerdo con la ley, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que requiere de la articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, sin embargo, lo cierto es que las entidades federativas destinan pocos recursos para este importante dispositivo de emergencia con el que se busca garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en zonas afectadas por la violencia feminicida, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales”, elaborado por Martha Patricia Patiño Fierro y César Alejandro Giles Navarro, destaca que los gobiernos y los congresos locales tienen obligaciones políticas, presupuestales y administrativas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, los datos disponibles arrojan que ni la igualdad entre mujeres y hombres, ni las acciones para combatir a la violencia contra las mujeres son prioridades en el gasto público a nivel subnacional.
Solo 12 entidades de la República definen al presupuesto para la igualdad sustantiva como una prioridad y menos de la mitad incorporan anexos transversales, como sucede en el ámbito federal desde el año 2008.
Al año 2020, las entidades en las que se han emitido declaratorias de Alerta de Violencia de Género destinan en promedio el 0.26% de su gasto púbico a las acciones para promover la igualdad de género entre mujeres y hombres. A nivel federal, esta proporción fue de 1.69% en este mismo ejercicio fiscal. Esto quiere decir que los estados con mayores problemas de violencia feminicida destinan en promedio seis veces menos recursos para la igualdad de género que lo que se destina a nivel nacional.
Todo lo anterior da cuenta de un débil compromiso de las entidades federativas con las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, apunta el estudio.
Sin dejar de lado el papel que le toca desempeñar al gobierno federal, es evidente que se deben revisar las responsabilidades de los gobiernos locales, especialmente considerando que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen contra las mujeres -como el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar- son del fuero común, señala el documento del Instituto.
Por ello, urge legislar y reformar los instrumentos que definen las funciones y acciones específicas, por parte de las autoridades estatales y municipales, a efectos de proveer los recursos presupuestarios, humanos y materiales precisos y suficientes, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, los programas estatales y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La coyuntura actual demanda que los tres niveles de gobierno asuman y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley. De ello dependerá ni más ni menos que la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante y después de la pandemia, concluye la investigación.