El Grupo Parlamentario de Morena, que coordina Ricardo Monreal en el Senado, presentará una iniciativa para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos, debido a que en México su valor llega a ser hasta tres veces más caro que en otros países de América Latina.
Las cifras lo demuestran. El 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos para recobrar la salud corresponde a la compra de medicamentos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el gasto de estos servicios comprende el 53 por ciento y las consultas médicas el 16 por ciento.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena busca implementar una política nacional de salud que cuente no solo con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, sino que la fijación de precios máximo de los medicamentos resulte de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a medicamentos de calidad y seguros.
Además, el estudio “The Big Pharma Proyect/La vida tiene precio”, realizado por el medio digital Ojo Público, muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos en México comparados con los de otros países de la región; los utilizados para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio.
El medicamento Glivec, utilizado para tratar el cáncer cuesta en el país 163 dólares, en Perú 44 y en Colombia 69; en tanto que la insulina Lispro para tratar la diabetes, cuesta 89 dólares aquí a diferencia de los 49 en Colombia, 65 en Perú y 31 en Guatemala; y el Lopinavir para el tratamiento de VIH, en México cuesta 7 dólares, mientras que en Perú y Guatemala 2, y en Colombia 0.8.
Otro dato relevante, señala que el 80 por ciento de los antirretrovirales en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias.
La iniciativa establece que el esquema propuesto se someta a una revisión de precios anual o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exija y que se rija bajo principios fundamentales de publicidad y la transparencia para que los ciudadanos puedan conocer los parámetros y elementos bajo los cuáles se toman las decisiones sobre el precio máximo de los medicamentos.
El sustento está plasmado en el artículo 4° constitucional y en los distintos tratados internacionales ratificados por el Estado, que exigen que se materialicen acciones positivas para proteger la salud y/o que procuren la mejora, recuperación y tratamiento adecuado y oportuno, cuando ello fuere necesario.
Se trata de impulsar una política nacional de salud que observe la realidad de la economía mexicana como principio fundamental, como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado, cuando instó a las compañías farmacéuticas a mantener bajos los precios de las medicinas, y advirtió que si no se produce una rebaja su Gobierno buscará mejores ofertas entre los competidores extranjeros.