Para evitar que en México las mujeres reciban condenas más altas que los hombres por los mismos delitos y destinen hasta 50 por ciento más recursos para su defensa, el senador Ricardo Monreal presentará una reforma constitucional que obligue a los impartidores de justicia a juzgar con perspectiva de género.
En el texto, el coordinador de la bancada de Morena, expone que debido al problema de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres a nivel nacional, presentará una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Considera relevante verificar la existencia de una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
Monreal Ávila menciona que, según el “Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México”, realizado por la agrupación Reinserta, las mujeres reciben en promedio condenas más altas que los hombres por los mismos delitos y destinan hasta 50 por ciento más recursos para su defensa.
Cita también a la Red por la Ciudadanización de la Justicia, la cual, al analizar 110 sentencias provenientes de los poderes judiciales de ocho entidades federativas, encontró que es muy común que, en lugar de proteger, abandonan, en lugar de juzgar, discriminan; en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres.
El estudio, al que alude el legislador, señala que el 85 por ciento de las resoluciones judiciales no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género; en 80 por ciento de los casos, las personas analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática social basada en la discriminación por motivos de género.
Además, en el 47 por ciento de los casos, las personas, juzgadoras no valoraron las situaciones de violencia, que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres.
El senador menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como criterio la obligación de las y los impartidores de justicia de juzgar con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres.
Sin embargo, apunta, seguimos siendo testigos de casos de incumplimiento de este deber, como el de Abril Pérez, en el que se reclasificó la tentativa de feminicidio como violencia familiar y lesiones.
“Estamos hablando de un sistema que no garantiza el acceso pleno a la justicia de las mujeres y, en muchos casos, que las discrimina por el uso de estereotipos y prejuicios al juzgar debido a su género”, advierte.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2019, señala que entre las razones que las víctimas dieron para no presentar una denuncia, son desconfianza en las autoridades, pérdida de tiempo en la presentación de una demanda, así como temor a las represalias de los agresores y tener la certeza de que éstos no serán sancionados.
Con la reforma al artículo 17 de la Constitución mexicana, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del órgano legislativo, busca darle al deber el carácter de permanente, para dotar de mayor contundencia y visibilidad a su cumplimiento, bajo los parámetros de los criterios existentes.