El Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, dio a conocer ayer un estudio en el cual echa por tierra el discurso fundamental del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que en su gobierno la corrupción disminuyó, por que “desde arriba” permea la honestidad hacia abajo. Todo hace indicar, por los dichos presidenciales, que la honestidad no está “arriba” y no cae nada hacia abajo.
Mas allá del discurso político que provoca una percepción de disminución de la corrupción, la estadística es cruel con la disertación cotidiana de la Cuarta Transformación, ya que la cifra oficial reporta, de acuerdo al INEGI, “un incremento estadísticamente significativo”.
Aunque parezca contradictorio, la percepción y la realidad van por rumbos diferentes. En 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo. Pasó de 91.1% en 2017 a 87%
Pero la realidad es otra. El número de víctimas de actos de corrupción gubernamental, se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.
Pero, eso no es todo. Los incrementos en actos de corrupción relevados, se dispararon también en 64.1% el costo total de este problema. En 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada. En 2017 resultó en 7 mil 780 millones y 2 mil 450, respectivamente. Este resultó ser uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país.
Es un mal endémico. No quiero dudar que el Presidente López Obrador, quiera combatir ese flagelo. Sin embargo, los resultados no son los esperados por la sociedad. El incremento declarado del número de casos, llega a niveles de escándalo, como ocurría en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los miembros de Morena, no cumplieron con sus promesas de campaña en el proceso de cambio de sistema político y económico. Y las pruebas van contra políticos encumbrados como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, así como el último que causa indignación bochornosa.
Este es el caso de la medallista Ana Gabriela Guevara, de la Conade. Ella y sus empleados, extorsionaron a constructores, de la compañía de alimentos veracruzana, Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, según una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
Guevara no sólo pedía dinero para el trato, sino que exigía a través del subdirector general Sergio Monroy y su amiga Armida Ramírez Corral, un porcentaje del monto del contrato.
Este caso pone en prueba la palabra del Presidente de la República, sobre castigar a los corruptos en su gobierno.
PODEROSOS CABALLEROS: El ISSSTE, bajo la dirección de Luis Ramírez Pineda, recibió 200 ventiladores invasivos 502S que compró China, para continuar con los trabajos que viene realizando en las 112 unidades médicas que para atender el COVID-19. Pineda agradeció al canciller, Marcelo Ebrard, su colaboración logística para la llegada del equipo de manera rápida. *** El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo creó un suplemento de capital por 400 millones de pesos para poyar a las pymes. Sin embargo, las entidades bancarias Citybanamex, Banorte, BBVA y Santander, quienes resguardan el capital y deben entregarlo a los beneficiarios, ahora salen con que no van a entregar el dinero. Julián Urióstegui Carbajal, presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, exigió al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, y al presidente de la Asociación de Bancos de México Luis Niño de Rivera, liberar los recursos. Estos se crearon para reactivar la economía local tras el estancamiento poder la pandemia del Covid-19. En Guerrero son más de 4,000 empresas, principalmente del sector hotelero y de la construcción, pilares de la economía guerrerense.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Autoridades de salud de San Luis Potosí, que gobierna Juan Manuel Carreras, y IMSS, de Zoe Robledo, recibirán esta semana 30 ventiladores donados por la Fundación Grupo México, que preside Ferman Larrea. Serán instalados en hospitales de la entidad y servirán para el tratamiento de pacientes de Covid-19 que los requieran.
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