El acoso sexual en espacios públicos es un tipo de violencia que padecen las mujeres día con día, mediante acciones verbales y manoseos que les provocan miedo, inseguridad o un ambiente hostil y ofensivo, pero por la falta de una normatividad específica, quienes cometen esta conducta no son sancionados, advirtió el senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI.
Ávila Villegas argumentó que, en entidades como la Ciudad de México y Puebla, se han expedido normas para castigar este tipo de conductas, pero no hay una legislación general para tipificarlas.
Por ello, enlistó una iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Senado, que busca imponer una pena de seis meses a tres años de prisión, a quien cometa acoso sexual en espacios públicos de uso común o libre tránsito, así como en lugares privados de acceso público y vehículos destinados al servicio público de transporte.
Para ello, propuso precisar en el Código Penal Federal que esta sanción se impondrá a quien “realice u obligue a ejecutar para siì o en otra persona conductas con connotación sexual verbales, corporales, por medio de gestos, tocamientos, acercamientos, manoseos, o actos de exhibicionismo o captación de imágenes o videos a una persona, sin su consentimiento y sin que mantengan la persona acosadora y la acosada relación entre sí”.
El legislador también sugirió que esta pena aumente hasta el doble, en caso de reincidencia y cuando dichas conductas se cometan por dos o más personas, en contra de menores de edad, de adultos mayores, de personas con discapacidad o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.
Además, planteó que el infractor realice actividades de servicio comunitario y reciba instrucción y sensibilización sobre derechos humanos e igualdad de género, en instituciones públicas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia de género.
Así como la obligación de los juzgadores de que para la determinación de la sanción correspondiente habrá de valorarse el caso concreto, tomando en cuenta lo estipulado en protocolos de actuación con perspectiva de género y de derechos humanos.
Eruviel Ávila también propuso que, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluya la obligación de los tres niveles de gobierno para implementar cursos de reeducación y sensibilización sobre igualdad, no discriminación y no violencia de género o nuevas masculinidades.
Entre los datos que presentó el senador en la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, destacan los de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que reportó que 13.5 por ciento de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2021, enfrentoì alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos.