La Reforma Laboral no es un proyecto de gobierno sino de Estado, que trasciende colores y partidos y que reúne una pluralidad de voces en un diálogo hacia un mismo objetivo: beneficiar al trabajador, afirmó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al encabezar la tercera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Ante los representantes del Poder Judicial Federal, Tribunales Superiores de Justicia locales y de los secretarios del Trabajo u homólogos de los estados, la titular de la STPS destacó que “queremos que México sea un país de legalidad, que brinde certeza jurídica a la inversión y garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos”.
“Ratificamos esta convicción con la reciente entrada en vigor del T-MEC, pues sabemos que honrar nuestra palabra nos beneficia a todos, en lo local, regional, nacional e internacional” y por ello el trabajo para hacer realidad esta reforma.
En los 14 meses de trabajo que se llevan, a pesar de las adversidades, se impulsa la transformación de nuestro modelo laboral, que no sólo consiste en cumplir con un mandato legal, sino de saldar una deuda histórica con nuestros trabajadores y empleadores, y responder al legítimo y añejo reclamo de libertad, democracia y justicia en nuestro mundo del trabajo, indicó.
Luisa María Alcalde subrayó que como en toda transformación de gran calado, es lógico que este proceso no esté exento de obstáculos. Además de encarar inercias arraigadas y resistencias de poderes creados, enfrentamos desafíos inéditos en un contexto de pandemia global. Pese a todo, hemos demostrado que sabemos adaptarnos, superarnos y cooperar en la búsqueda de soluciones, abundó.
Dentro de los avances logrados hasta el momento, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la adecuación de estatutos de sindicatos activos con registro federal. Asimismo, 71 mil 500 trabajadores han ejercido su voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas.
Por otra parte, con motivo de los efectos producidos por la pandemia de COVID-19, que obligó a las instituciones a parar labores por más de tres meses, el Consejo determinó nuevas reglas para determinar la reanudación del plazo para adecuar estatutos sindicales.
Tras consultas con la Secretaría de Salud, el Consejo aprobó otorgar a los sindicatos 17 días hábiles y 45 días naturales para el cumplimiento de los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero transitorios, respectivamente, relativos a la adecuación de sus procedimientos de consulta para la aprobación de sus contratos colectivos, y para adecuar sus procesos de votación a las nuevas reglas de democracia sindical, contados a partir de la fecha en que la autoridad registral correspondiente reanude labores y el semáforo de la entidad se encuentre en color verde.
Por lo que se refiere a los eventos de legitimación, se informó que fueron suspendidos en todo el país desde el 27 de marzo y reanudados el pasado 1 de junio en aquellos Estados que presenten semáforo naranja cuando concurran menos de 50 trabajadores en un mismo horario; en semáforo amarillo cuando concurran menos de 200 trabajadores; y en semáforo verde, cuando concurran 200 o más trabajadores.
Se acordó también que la puesta en marcha de la Primera Etapa iniciara la segunda semana de noviembre, para que los Estados puedan superar el impacto ocasionado por la epidemia de COVID-19 en sus procesos de licitación, ejecución de obra y capacitación de personal. Asimismo, se convino que en los estados de Tlaxcala y Guanajuato se recalendarizan para el inicio de operaciones de las nuevas autoridades federales y locales para el último trimestre del 2021.
Finalmente, se anunció que los Estados Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, formarán parte de la Segunda Etapa de implementación, y se invitó a Baja California Sur, Colima y Querétaro a sumarse a este grupo.