La senadora Patricia Mercado Castro planteó que las personas de la diversidad sexual en reclusión deben tener derecho a decidir en qué tipo de centros de reclusión, femeninos o masculinos, deben estar, y que el Sistema Penitenciario resuelva las condiciones y la seguridad en que viven, así como establecer su derecho a la identificación para evitar la discriminación, estigmatización social y laboral en la que viven.
Al encabezar la presentación del documental “Porque así me llamo yo: identidades y diversidad en prisión”, la legisladora de Movimiento Ciudadano expuso que desde experiencias específicas reflexionó sobre cuáles tienen que ser los protocolos o procesos para que las personas, sobre todo trans, puedan decidir en qué tipo de reclusorios, femeninos o masculinos, deben de estar, y que el Sistema Penitenciario resuelva sobre las condiciones y la seguridad en que viven.
“Esto es para cuando el juez de la causa les pide su identificación y resuelve que se van a un penal femenil o varonil, sino que sea la persona la que pueda decidir esa posibilidad, y eso nos ayudará a ver cómo podemos hacer la política pública en ese sentido”.
Señaló que las personas en reclusión y liberadas enfrentan múltiples formas de discriminación y estigmatización. “A pesar de haber concluido su condena, hay un rechazo por parte de sus familias, sus comunidades y en muchos centros de trabajo”, declaró.
Consideró que por eso es más dramática la situación que enfrenta la población LGTBIQ+ que ha estado en prisión; el rechazo que sufren por su orientación sexual e identidad se agrava aún más cuando enfrentan un proceso penal, cuando cumplen una condena y cuando salen de prisión.
“Ninguna sociedad que pretenda alcanzar una convivencia pacífica puede permitir que la prisión sea un castigo que implique privar a las personas de su derecho a la identidad y a ejercer su vida sexual íntima”.
En un régimen democrático, abundó Mercado Castro, la prisión no es un lugar para aislar a los elementos indeseables de una sociedad, es un sitio para que las personas asuman la responsabilidad por sus actos y que gradualmente puedan hacerse cargo de sí mismas, con un proyecto de vida y un modo de subsistencia viable.
“En mi opinión, las medidas que excluyen, estigmatizan y discriminan a las personas de la comunidad LGTBIQ+ en prisión, constituyen formas de tortura. Las autoridades deben entender que los derechos se restringen, limitan o se suspenden, pero nunca se pierden. El maltrato en que incurren sólo es válido en entornos totalitarios, donde se les arrebatan sus derechos”.
Insistió en que tienen la oportunidad de que esa cadena de violaciones se detenga desde el primer momento cuando se niega su derecho a la identidad. “Ya hay avances en varias entidades federativas para que las personas internas y liberadas puedan obtener la credencial de elector fácilmente y se plantea incluir su derecho al voto en una eventual reforma electoral”.
A su vez, Ángela Guerrero, presidenta del Centro de Estudios, Acción y Justicia Social, aseguró que la agrupación que representa demuestra los abusos que tiene el Sistema Penal del país, “pero necesitamos comprender aún más lo que está sucediendo en cada una de las cárceles municipales, estatales y federales”.
Aseguró que pensaron cómo poder cambiar esa realidad “y entendimos que necesitábamos ampliar los espacios de participación y buscar a quienes han salido de prisión, para que sean las que indiquen las formas para transformar los espacios de reclusión que nos hacen mucho daño como sociedad y que muestran un impacto diferenciado en ciertas poblaciones”.