El presidente de COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno, convocó a la Asamblea Legislativa y al Congreso de la Unión a conformar un órgano evaluador y generar los parámetros necesarios para que las leyes que de ellos emanen, cuenten con un mínimo nivel de eficacia en la resolución de los problemas que pretenden enfrentar.
La propuesta es con el fin de que las nuevas leyes o las reformas por realizar no se contrapongan a las ya existentes e, incluso, a la misma Constitución, evitando de esta forma los juicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los diferentes juicios que se observan a diario en los tribunales.
Un ejemplo reciente es la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, que de acuerdo con los expertos tiene muchas inconsistencias en el sentido de la violación a los derechos humanos. De existir un órgano evaluador, las contradicciones se habrían anulado y se podría evitar la controversia.
Padilla Zenteno subrayó la importancia de contar con este órgano evaluador, toda vez que a pesar de existir en la agenda pública una serie de demandas ciudadanas por generar cambios sociales de relevancia, no se han visualizado reivindicaciones o reflexiones generalizadas en torno a por qué nuestras leyes no cuentan con parámetros donde se señale su nivel de eficacia en la resolución de los problemas que pretenden enfrentar.
Enfatizó que el tema de la eficacia de nuestras leyes y, por ende, sus niveles de calidad, son una preocupación de grupos especializados, pero falta una demanda ciudadana.
Dijo que en la medida como se avance en el proceso de modernización del Estado y de una ciudadanía exigente con sus representantes, se hará evidente la calidad de las leyes, las cuales terminarán siendo un tópico de relevancia pública.
Sin embargo, acotó, “podemos esperar que esta demanda se articule en el espacio público como una exigencia ciudadana o, como pretendemos con esta propuesta, los diferentes congresos puedan adelantarse a ella dando cuenta de las condiciones esperadas de aplicación de las leyes”.
Padilla Zenteno subrayó que mejorar la eficacia y eficiencia de las leyes podría contribuir a una elevación de la confianza ciudadana en los legisladores e indirectamente podría comenzar a generar confianza en funcionarios y servidores públicos.
Además de que aligeraría el trabajo en tribunales y así se podría dar mayor eficiencia al trabajo jurisdiccional, lo que implicaría también un ahorro en horas-hombre en los tribunales.
Es de subrayar que la evaluación sistemática de la ley es una herramienta que se ha utilizado de manera importante en la experiencia comparada, especialmente en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para optimizar el nivel de eficiencia de los cuerpos normativos y de las políticas públicas que éstos regulan.
En este sentido, al definir para cada ley metas, estándares, objetivos, indicadores y agentes responsables, la evaluación sistemática mejorará la rendición de cuentas a la ciudadanía y, por esta vía, la calidad de nuestra democracia.
Es importante recordar, dijo el empresario, que un gobierno es eficaz no solo por aprobar una alta cantidad de leyes, sino porque esas leyes también cumplan con los objetivos planteados en los planes de gobierno de los que los Congresos tienen una gran responsabilidad por que se lleven a efecto.
Para finalizar, observó que esos órganos evaluadores deberían ser conformados por verdaderos ciudadanos especialistas en temas de derecho constitucional para que no existan conflictos de interés y se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad y compromiso de la sociedad que realmente quiere cambios en la forma de gestionar la vida pública de la ciudad y el país.