Loretta Ortiz Ahlf, última aspirante de la terna del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que en caso de ser elegida su prioridad será sostener y promover una política de tolerancia cero frente a la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial y en los ámbitos de la administración de justicia.
Añadió que su principal mandato será combatir “el cáncer de la impunidad en nuestro país. México ya no puede posponer ni simular la justicia ni un solo día más”. También, adelantó, se conducirá de manera independiente, imparcial y objetiva.
Consideró de suma importancia contribuir a que el amparo sea un juicio eficiente y eficaz, que garantice los derechos de las personas, como lo establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, indicó que la reforma del 2011 en la materia, no implicó una apertura absoluta.
Si resulta electa, dijo que se dedicará a la constante renovación progresista de los derechos fundamentales, de manera inclusiva, para cerrar las brechas de la desigualdad. Añadió que es una tragedia que haya una creciente normalización de la violencia entre los mexicanos. “La justicia ha sido la excepción y la impunidad, virtualmente, una garantía”, comentó.
En la ronda de preguntas participaron los senadores Miguel Ángel Mancera (PRD), Damián Zepeda (PAN), Samuel García (MC), Virginia Meza (Morena), Nadia Navarro (PAN), Indira Rosales (PAN), Eduardo Murat (PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN) y Guadalupe Murguía (PAN).
La interrogaron sobre la adopción en las familias homo-parentales, las instancias infantiles y el papel de la SCJN en la lucha contra la impunidad, entre otros.
Sobre la adopción, respondió que hay jurisprudencia de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en cada caso hay que hacer un análisis para dar un veredicto.
En relación con las instancias infantiles, opinó debe respetarse la Convención de los Derechos del Niño, que establece que éstos tienen derecho a ser cuidados y, si los padres no pueden hacerlo, es una obligación fundamental del Estado hacerlo.
Finalmente, en el tema del combate a la impunidad, dijo que vigilaría que nadie fuera encubierto ni protegido, y que los responsables sean sancionados.