La diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca prohibir las conductas de maltrato o acciones que impliquen tortura o matanza en las corridas donde se lidien toros, novillos y, en general, cualquier tipo de bóvido.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la llamada fiesta brava ha sido tema de debate desde que se considera a los animales como seres sintientes, susceptibles de manifestar emociones y padecer dolor. También porque, como seres vivos, merecen respeto y trato digno.
El texto indica que aunque algunas personas creen que la tauromaquia es tradición y cultura, no puede ser considerada así porque no cultiva el espíritu ni las facultades intelectuales de quienes las practican, ni mucho menos de los que la frecuentan.
Añade que en el fondo es un espectáculo donde se practica la violencia y se fomenta el desprecio hacia los animales, afectando no sólo los derechos de la sociedad (al no procurar un medio ambiente sano, porque a los espectadores se les incentiva a permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un ser vivo), sino también los derechos del animal por no brindarle cuidado y respeto como ser sintiente.
Actualmente sólo hay ocho países donde se realizan corridas de toros: España, México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Francia y Portugal. En el resto del mundo están prohibidas por considerar que es una forma de maltrato hacia los animales.
Desde 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) consideró que la tauromaquia no es otra cosa que la tortura, el comercio y la matanza de animales ante los espectadores, que traumatiza a los niños e, incluso, a cierto tipo de adultos; desnaturaliza la relación hombre-animal, lo cual significa un desafío a la moral, la educación, la ciencia y la cultura.
En el caso de México, sólo Sonora, Guerrero y Coahuila han prohibido el espectáculo taurino, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se le considera un bien cultural y material. Esta división de criterios deja ver la carencia de una adecuada educación a nivel nacional, en el sentido de que los animales también son susceptibles de gozar de protección jurídica, sentencia el texto.
El escrito señala que toda persona tiene el deber ético de respetar la integridad del animal y no celebrar la muerte en vez de la vida, pues una cosa es matar al animal por razones alimenticias o incluso ecológicas que lo justifiquen, y otra por razones lúdicas y, por tanto, irracionales.
Esta iniciativa responde a la falta de una normatividad adecuada que proteja a los toros de lidia, y a la demanda social para erradicar costumbres crueles que causan dolor innecesario a dichos bovinos, utilizados para eventos relacionados con la llamada fiesta brava.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, fue turnada directamente a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.