La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 470 votos, el dictamen que adiciona un inciso d) a la fracción V del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar en las órdenes de protección administrativas, la realización de estudios médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, previo consentimiento de la víctima.
El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que la fracción V, hace referencia a que se canaliza y traslada, sin demora alguna, a las mujeres o a las niñas en situación de violencia sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud, para que les provean gratuitamente los servicios requeridos.
Añade que ahora se incluye la realización de estudios médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, previo consentimiento de la víctima.
La reforma, precisa, favorece la salud preventiva e integridad de las mujeres víctimas de violencia. Se busca evitar complicaciones en la salud de las mujeres, como son el desarrollo de cáncer cervicouterino, para lo cual, el sector público deberá de cubrir la atención correspondiente.
Además, contribuye a la prevención y evita que se realice un gasto público en el sector salud. Considera prudente que los estudios y el tratamiento que se aplique a las víctimas sea con su consentimiento, con el fin de eludir la violencia obstétrica.
Brindar atención inmediata y gratuita
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena), expresó que con la reforma se asegura que las instituciones públicas de salud realicen de forma gratuita e inmediata los estudios médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, en el marco de las órdenes de protección.
Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi, el 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años, ha sufrido algún tipo de violencia de género.
En el caso de la violencia sexual, 49.7 por ciento de las mujeres ha experimentado al menos una situación. Además, la Organización Mundial de la Salud registró el año pasado 374 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual y más de 300 millones de casos de mujeres infectadas por VPH, principal causa de cáncer de cuello uterino.
Hernández Sáenz dijo que su magnitud y repercusión no deben minimizarse, porque los daños que se producen a la salud son en lo biológico, psicológico y social. Es imprescindible, agregó, realizar las adecuaciones en la legislación, a fin de reforzar todas las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las mujeres que han sido violentadas sexualmente.
Resaltó que, con la reforma, se complementa el catálogo de servicios que ya se encuentran reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para no revictimizarlas y procurar mayor protección a las víctimas.
“La violencia sexual trae consecuencias a la salud de las mujeres y adolescentes, como disfunción sexual, infecciones de transmisión sexual e incluso VIH. Con la reforma, la Cámara de Diputados coadyuva en el diseño de protocolos de atención con la finalidad de brindar la atención inmediata y gratuita”, añadió.
La violencia sexual expresa las grandes desigualdades
La promovente de la iniciativa, diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT), expuso que esta adecuación permitirá que a las víctimas de violencia sexual se les realicen estudios con su previo consentimiento, con la finalidad de corroborar o descartar posibles infecciones y, en su caso, se inicie el tratamiento oportuno.
Dijo que la violencia sexual expresa las grandes desigualdades y visibiliza un problema que afecta al desarrollo humano, por lo que debe ser erradicado; de ahí la importancia de legislar para que todas las mujeres vean materializado su derecho a la salud, libre de violencia y en igualdad de condiciones.