Para establecer que las niñas, niños y adolescentes tengan derecho a una educación inclusiva, con el fin de garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes en igualdad de condiciones, la diputada Blanca Narro Panameño (Morena) impulsa reformas el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, destaca que la reforma busca “promover un nuevo paradigma educativo que surja como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional y combata el utilitarismo y segregación”.
Destaca la pertinencia de establecer en el citado ordenamiento la educación inclusiva como derecho de las personas menores de 18 años, porque esta es la norma principal donde deben quedar consignados derechos, libertades y prerrogativas inherentes a este grupo poblacional con absoluta claridad, y respetando la remisión constitucional y legal actual para evitar duplicaciones normativas o antinomias.
El documento refiere que el derecho a la educación juega un rol fundamental en el desarrollo económico, social y cultural del país, porque a través de ella es posible transmitir a las nuevas generaciones los valores esenciales para construir y mantener una sociedad pacífica, próspera y de bienestar.
Además, agrega, contribuye sustancialmente a que los grupos históricamente marginados superen diversas adversidades como lo son la pobreza y la exclusión social; sin embargo, “es evidente que aún queda mucho por hacer para que el acceso a la educación sea auténticamente incluyente”.
Argumenta que el rezago educativo ha sido un reto constante que se ha agravado en las últimas décadas, más aún por la emergencia sanitaria por Covid-19. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 33.6 millones de personas de entre 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019- 2020, de las cuales 740 mil no lo concluyeron: 58.9 debido a alguna razón asociada al Covid-19 y 8.9 por falta de dinero o recursos.
Asimismo, el Inegi reveló que para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de personas y que, por motivos asociados al Covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas.
Otro factor que obstaculiza el acceso incluyente al derecho la educación en México, indica, es la exclusión estructural de los grupos vulnerables. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, en los casos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como quienes viven en alguna zona marginada o de extrema pobreza, forman parte de alguna comunidad de origen indígena y/o sean personas con discapacidad, se ha observado que el rezago educativo es mayor.
Por ello, añade, con la iniciativa se pretende que la educación sea inclusiva y garantice el aprendizaje de las y los estudiantes en igualdad de condiciones.