A fin de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las madres y padres divorciados durante la contingencia provocada por la pandemia de Covid-19, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso solicitó al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada Entidad Federativa y de la Ciudad de México que cumplan y respeten los lineamientos de convivencia por videollamadas.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pide además difundir los acuerdos de convivencia virtual y fortalecer los lineamientos y bases de éstas.
“Los Centro de Convivencia Familiar Supervisada posibilitan a las familias que dirimen una controversia judicial disponer de un espacio en el que las niñas, niños y adolescentes puedan actuar libremente con instalaciones acordes a las fases del desarrollo cognitivo, emocional y conductual”, aclaró la senadora.
Pinedo Alonso señaló que en México, como medida de prevención ante el Covid-19, los Centros de Convivencia Familiar Supervisada suspendieron sus actividades a partir del 20 de marzo, para salvaguardar el derecho a la salud de las familias y el interés superior de la niñez, en concordancia con las acciones dispuestas en el país que establece como medidas preventivas evitar lugares concurridos y el contacto físico.
Informó que de acuerdo con las autoridades, las convivencias se reanudarán hasta que existan las condiciones en que se hayan respetado las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno.
Y cuando los padres o madres que ejerzan los derechos de convivencia no puedan garantizar por las condiciones de salud por su exposición en sus actividades diarias se recomienda sustituir la convivencia física por medio videollamadas protegiendo con esto el derecho de convivencia sin exponer la salud de los menores.
Para respetar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una convivencia familiar sana, en el caso de la Ciudad de México las convivencias electrónicas durante la pandemia fueron implementadas mediante un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura local, que solo aplica a los padres de familia y a las niñas, niños y adolescentes que tienen programadas sus convivencias en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, por orden judicial, y siempre y cuando los progenitores se encuentren de acuerdo.
“Aunque existen acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura de cada Entidad Federativa para las convivencias por videollamadas supervisadas por la pandemia de Covid-19 es importante seguir implementando acciones encaminadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las madres y padres divorciados”, sentenció la legisladora por Nayarit.