En el foro “Revisión del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, para el Ejercicio Fiscal 2019”, diputados y empresarios externaron sus inquietudes y dudas por su aplicación y vigencia. Sugirieron propuestas para incluirlo en el marco legal, hacerlo eficiente y definir estrategias que contribuyan al desarrollo económico local.
El diputado del PAN, José Salvador Rosas Quintanilla, al inaugurar el acto,apuntó que pese a las altas expectativas que propició su aplicación “ha generado incertidumbre e inconformidad”, debido a las restricciones en el ingreso de contribuyentes, requisitos que se exigen, e impacto para fortalecer el crecimiento.
El también secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, expresó su preocupación por las limitaciones y alcances del decreto para reducir el IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 16 a 8 por ciento, y de 30 a 20 por ciento, respectivamente.
Recomendó “redoblar esfuerzos para establecer y generar estrategias de fortalecimiento a la economía de esa franja fronteriza norte”.
Subrayó que la zona limítrofe, conformada por más de 25 ciudades con casi siete millones de habitantes y condiciones particulares de convivencia, comercio, empleo, inseguridad, crecimiento poblacional y su relación con Estados Unidos, aporta el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a sus carencias, es un referente nacional de desarrollo e inversión, comentó.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que el momento que vive el país requiere resultados. Propuso que al decreto de estímulos se le dé carácter integral y participativo que atienda las preocupaciones cotidianas de las empresas y consumidores, de lo contrario, “se puede quedar en el anuncio del reflector o de la vitrina, y eso no es lo que interesa”.
Destacó la necesidad de “separar estos temas de la ideología y partidos políticos, porque la población quiere resultados, aunque los tiempos de los gobiernos sean de seis velocidades: lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto”.
Refirió que cuando se conoció el decreto de estímulos fiscales se previó su buena intención. En la práctica, lamentó que las políticas públicas y fiscales se hagan detrás del escritorio, donde no se conoce la realidad. El gran reto que tienen los diputados es ser facilitadores de los procesos y el gobierno, promotor.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, señaló que se tienen 12 iniciativas que proponen la reducción del IVA e ISR en la frontera norte, para incluirlas en las leyes en la materia a fin de dar seguridad jurídica a los inversionistas, y que la medida no se restrinja al decreto de estímulos, cuya validez es para este año y el próximo.
“El objetivo es tener la vigencia y certidumbre de una ley. El decreto no es lo más óptimo, desde el momento en que se piensa meterlo en una ley, y creo que no está funcionando, porque no se informa cuántas empresas se han registrado”, explicó.
Destacó que una empresa no puede estar supeditada a ocurrencias de nadie y exige tener cimientos firmes para crecer. Invitó a los diversos sectores a emitir su opinión respecto del borrador que se elabora para establecer la disminución de esos impuestos en la franja fronteriza norte, porque el crecimiento económico requiere reglas claras para invertir.
Cuestionó las restricciones a la industria maquiladora para acceder a la disminución de impuestos, ¿en dónde está el premio o estímulo a ese sector?, porque se le exige duplicar el salario pero no se le permite beneficiarse con los estímulos fiscales. La inversión se desanima y además de las huelgas se corre el riesgo de perder esos capitales.
El legislador Ernesto Rufo Appel, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, comentó que el decreto de estímulos se vincula con la necesidad de competir y a la globalización, factores insoslayables e inevitables para crecer.
Explicó que fijar el ISR en 20 por ciento en la frontera norte deriva de que el gobierno de Estados Unidos lo estableció en el mismo porcentaje, no es que sea promesa de campaña, es consecuencia de la competitividad. No es un asunto gracioso, es necesario, si no dejamos de vender.
Se pronunció por adecuar el marco jurídico fiscal para alentar la competitividad de la nación, a través de la entrega oportuna de la devolución de impuestos, certificación y otras medidas sustantivas que impulsen el crecimiento económico.
El diputado del PAN, Miguel Alonso Riggs Baeza, integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, consideró que la medida es para cumplir una promesa de campaña, porque en ningún sentido se prevé que la competitividad de los municipios fronterizos alienten un repunte de la balanza comercial, la cual debe impulsarse y regularse, de lo contrario, “este decreto será electorero y lejos de beneficiar va a perjudicar, porque unos sí participan y otros no”.
Esa es la preocupación. En Chihuahua, seis de los municipios beneficiados con este decreto, cinco tienen como principal actividad económica la agrícola y ganadera. ¿Dónde está el estímulo?, cuestionó.
Comentó que este foro abona a las conciencias del empresariado. Hizo votos porque el gobierno federal escuche las propuestas de los empresarios. Propuso modificar la ley fiscal.
Katia Elizabeth Arroyo Arriola, administradora general de Servicios al Contribuyente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo que es muy pronto para conocer el impacto en la recaudación, y en el caso del IVA, el aviso de las empresas que reducirán ese impuesto cerró el pasado 7 de febrero.
La primera declaración de ambos impuestos se tendría para marzo, “en realidad no hay información que permita hacer una evaluación del impacto que ha tenido la política”. Asimismo, explicó el objetivo y mecanismos de aplicación del decreto de estímulos, en vigor desde el primero de enero del presente año, con vigencia hasta 2020.
Luis Alberto Placencia Alarcón, subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecom), refirió que la institución trabaja con sus delegados para elaborar una propuesta, a fin de flexibilizar el decreto de estímulos, y no impedir el acceso de una empresa que ha sido beneficiada con una condonación anterior. No se pretende apoyar dos veces a un contribuyente, ni implica una acción dolosa.
Se deben evitar desigualdades y ser cuidadosos en su aplicación, para promover que el mayor número de empresarios de la región se beneficie con la reducción del IVA e ISR. Pidió una reglamentación que establezca un tipo de certificación y el cumplimiento de ciertos requisitos para que más contribuyentes tengan acceso, ya que la intención del decreto es promover el desarrollo económico integral. Propuso analizar una prórroga del decreto y extenderlo por seis años.
Octavio de la Torre de Stéffano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente ante Autoridades Fiscales Federales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), solicitó ampliar el decreto por seis años e insertarlo en las leyes del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, así como en el Código Fiscal de la Federación, que establece el procedimiento para la aplicación impositiva.
Externó la disposición del sector a revisar las 12 iniciativas de reforma. Solicitó a los diputados “diseñar un sistema fiscal esbelto, con una reforma de gran calado que haga más fácil cumplir con el pago de impuestos”. Establecer un ombusman fiscal de la iniciativa privada, sin acceder a recursos públicos a fin de que coadyuve al diseño de estrategias que promuevan el pago impositivo.
Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se sumó por incorporar el decreto al marco legal para otorgar certidumbre. Lo calificó como restrictivo y contradictorio, aunque apoya a los contribuyentes cumplidos, pero segrega a otros que pagan sus impuestos, pero que por tener otro beneficio no pueden acceder a más estímulos.
Planteó elaborar una lista de los apoyos compatibles con el decreto; revalorar y aclarar los requisitos; que sea obligatorio y no optativo acceder al beneficio y eliminar el carácter restrictivo, porque el empresariado está inquieto con las medidas. Demandó una respuesta rápida por parte de las autoridades que evite la incertidumbre y dilación en los trámites.
Carlos Quintanilla Gutiérrez, abogado fiscalista de Tamaulipas, explicó que en 2016 la frontera norte mexicana se clasificó en segundo lugar en el ámbito mundial, como zona de conflicto mortal y no excepción, afectada con altos índices de violencia y homicidios, lo cual alentó el esquema de estímulos para reactivar la economía. Resaltó la necesidad de que haya confianza fiscal en la aplicación de este decreto.
Refirió los problemas que enfrentan las empresas por la falta del aviso para reducir el IVA de 16 a 8 por ciento en apoyo a los consumidores, provocándoles pérdidas al cobrar el porcentaje menor, pero pagar el mayor. Pidió flexibilizar y revisar la presentación de ese aviso, porque se resta competitividad a los negocios que no acceden al beneficio fiscal, ya que ofertarán más caros los productos y servicios, lo que podría alentar controversias o conflictos de competitividad.