La violencia en Zacatecas en su máxima expresión tiene aproximadamente 12 años, período en el que se ha evidenciado una gran debilidad gubernamental para enfrentar la que se ha registrado especialmente en las últimas dos administraciones gubernamentales, y que le coloca en el radar de la inseguridad nacional.
Con la llegada a territorio zacatecano del Cartel de los Zetas durante la administración de la ex gobernadora perredista Amalia García Medina (2004-2010), inició una escalada de violencia, narcobloqueos, asesinatos y una fuga masiva de 52 reos del penal de Cieneguillas en el año 2009, que mostró la fragilidad gubernamental.
La célula de los Zetas prácticamente controló gran parte del territorio estatal, pero hicieron de Fresnillo un santuario, un lugar de protección para esta célula que estableció un corredor delincuencial que comprendía la franja territorial de Calera, Morelos, Zacatecas y Guadalupe, los municipios más importantes del estado que concentran prácticamente el 60 por ciento de la población estatal.
La recuperación del gobierno estatal por el priismo con Miguel Alonso Reyes, marcó como una de las promesas de campaña y de ejercicio gubernamental el tema de la seguridad, por lo que el mandatario invirtió durante su administración casi seis mil millones de pesos para combatir al crimen organizado.
Pese a la construcción de las Bases de Operación Mixtas, de dos cuarteles militares, de equipamiento de la Policía Estatal, el gobierno de Alonso Reyes fracasó en la lucha contra la violencia y la inseguridad en el estado. Pensó que con dinero se solucionaba el problema.
El 8 de septiembre de 2015 durante su V y penúltimo informe de gobierno, Miguel Alonso Reyes afirmó que “Hoy la seguridad está de regreso a Zacatecas” ante el estruendo de aplausos de los invitados encabezados por el entonces líder nacional priista, Manlio Fabio Beltrones.
Alonso Reyes mintió. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, de 2010 cuando asumió el cargo de gobernador y hasta el momento de rendir su V Informe, se habían registrado 812 asesinatos, mientras que en el período de cinco años de su antecesora Amalia García, se habían generado 329 homicidios dolosos, esto es de 2004 al 2009.
Lo anterior significa que en cinco años la administración alonsista registró 483 homicidios dolosos más que su antecesora perredista.
Con la actual administración priista de Alejandro Tello Cristerna, la problemática no solo no se ha contenido, sino que su incremento ha sido y es exponencialmente preocupante.
La seguridad y el empleo fueron los dos temas torales de la propuesta de campaña del entonces candidato Tello Cristerna que delineó más allá de los partidos, como ciudadano, un denominado pacto por Zacatecas que contenía una cláusula de recisión contractual: “si no lo cumplo me voy”.
El contrato que se basa en tres líneas: empleo, educación y seguridad, en esta última señaló lo siguiente:
“He delineado cinco puntos fundamentales: la promoción de una cultura de la paz, consolidación de una policía profesional, la instalación de un sistema de video vigilancia estratégica en todo el estado, la incorporación de cámaras en las patrullas, penas más severas a delincuentes y un sistema estratégico de inteligencia”.
Es evidente que en la actual administración priista ninguno de los cinco puntos presentados se ha consolidado y por ende no se ha cumplido.
En Zacatecas durante el año 2016, al inicio de la actual administración se cometieron 1,186 crímenes, de los cuales 608 fueron homicidios dolosos; en 2017, uno de los años más violentos en el país se registraron 29, 168 homicidios dolosos, de los cuales 709 corresponden a Zacatecas y durante el año 2018, aumentó a 762, lo que significó 46 homicidios por cada 100 mil habitantes de acuerdo al INEGI.
El año pasado y de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas ocupó el lugar 20 al registrar de enero a noviembre de 2019, 567 homicidios dolosos y situarse en una tasa de 34.3 por cada 100 mil habitantes pero rebasando con ello la tasa nacional que es de 25.0.
Sin embargo la semana pasada el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, Arturo López Bazán, informó que en lo que va del año se han generado 868 homicidios dolosos, “situación que preocupa porque con esa cifra cerró el año 2019”.
Como puede apreciarse existe disparidad en las cifras oficiales, pero lo que es un hecho es que el año 2020 será el más violento en el estado de Zacatecas.
Si bien ya no se han generado narcobloqueos como hace diez años el incremento de los crímenes, extorsiones, secuestros, han colocado a Zacatecas en los primeros lugares del mapa de la criminalidad en el país, situación que se ha exacerbado en las últimas semanas con el reguero de cadáveres en los linderos con San Luis Potosí, el hallazgo de narcofosas y el aumento de feminicidios en el estado.
El sicarito entre jóvenes y menores de edad es una industria que va creciendo en un segmento de población vulnerable económica y socialmente, mientras que los atentados contra corporaciones policíacas y el autogobierno en el sistema carcelario estatal, muestran la debilidad gubernamental, así como la impunidad.
Para dimensionar la problemática que enfrenta Zacatecas en la actualidad, basta decir que en México se comenten aproximadamente 27 homicidios por cada 100 mil habitantes (en Estados Unidos es de 6 o 7por cada 100 mil habitantes) mientras que en el estado es de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes. De este tamaño es la gravedad de la inseguridad que vivimos y padecemos en esta entidad federativa.
La “pandemia” de inseguridad que vive Zacatecas no ha podido ser controlada a pesar del “Contrato” firmado por el actual mandatario, y tampoco por los tres secretarios de Seguridad Pública que se han designado en el actual quinquenio que está a 10 meses de su entrega-recepción.
No se observa en el panorama un factor, una estrategia o voluntad política e institucional, que arroje una esperanza para lograr la tranquilidad de los zacatecanos.
Al tiempo.
@juangomezac