El presidente electo Andrés Manuel López Obrador está metido en un serio problema y todavía no empieza a gobernar. Es un político atípico que rompe con las formas tradicionales de la política, pero propone acciones que no están dentro de la normatividad y de las leyes.
El tabasqueño está acostumbrado a la lucha cuerpo a cuerpo. No se detiene en sus objetivos. Avanza. No retrocede. Observa y aprende. Empieza de cero. Sólo confía en quienes le siguen sus mandatos, sus acciones. En nadie más. Al resto, solo los tolera y los usa.
La decisión de la consulta no solo es un despropósito, sino algo que no está normado y por lo tanto fuera de la ley. Es muy sencillo, el presidente electo solo tiene en este momento la facultad de designar a quienes formarán parte de su equipo y a trabajar en la planeación de su próxima administración.
La consulta y encuesta simultánea para decidir sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es vinculante, pero además, la muestra es muy raquítica y no será representativa.
De acuerdo a la información que proporcionó su vocero Jesús Ramírez, se tomará una resolución sobre el futuro del AICM de lo resultante de la consulta ciudadana y de la encuesta domiciliaria que se realizará el 25 y 28 de octubre.
Pese a todo, la consulta está muy acotada. Solamente se hará en 538 municipios de los 2,457 que existen en el país. Tan solo Oaxaca tiene 570 ayuntamientos.
Es importante tomar en cuenta que López Obrador anunció en agosto que su administración resolvería mediante una consulta ciudadana, sí continuaría con la construcción del NAICM en Texcoco o si el proyecto se mudaba a la base militar de Santa Lucía.
Este lunes el vocero de la próxima administración lopezobradorista, Jesús Ramírez, dará a conocer los detalles sobre los costos y criterios para formulación de las preguntas y la estratificación de la encuesta, así como el número de urnas en las que se depositarán las boletas y su ubicación para la consulta.
El tema ha sido debatido en distintos espacios informativos de la Ciudad de México, debates y análisis en los que han participado no solamente periodistas y expertos en la materia, sino empresarios y ciudadanos.
El denominador común es que la construcción del aeropuerto debe continuar como está proyectado. La presidencia de Enrique Peña Nieto estimó un costo de construcción de 13,300 millones de dólares. Hasta el mes de mayo de este año se habían pagado a contratistas 25 mil millones de pesos y se había comprometido el pago de 119 mil millones de pesos.
Durante la campaña el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la obra debería cancelarse por cara y que era preferible mantener al AICM y construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para solucionar el problema de saturación aeropuertaria.
Después diría que de ganar la elección del 1 de julio buscaría un diálogo con el presidente Peña Nieto, para buscar la viabilidad del nuevo aeropuerto y también, planteó la posibilidad de una licitación para que la obra de infraestructura esté a cargo de la iniciativa privada y no se gasten más recursos públicos.
Ahora la ruta de la consulta está más consolidada para tomar una decisión, aunque hay poca credibilidad en el instrumento para definir lo que para muchos es ya una decisión tomada: que las cosas sigan como están.
En la ruta de las consultas el equipo del presidente electo trata de incorporar la opinión mayoritaria de la ciudadanía a la que él llama “el pueblo”, y no responsabilizar de sus acciones a su administración.
Para algunos la medida es democrática y popular, algo que los anteriores gobiernos no han hecho, pero para otros, es una tomadura de pelo a la sociedad, porque son decisiones ya tomadas por el equipo de López Obrador.
No todas las consultas han sido exitosas, ya que solamente han servido como una especie de termómetro para medir los niveles de conflicto del país e identificar los grupos opositores a este tipo de políticas.
Por ejemplo, la consulta sobre la Reforma Educativa tuvo que suspenderse en medio de la confrontación que prevalece entre los grupos del sindicalismo oficial del SNTE y la opositora Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La confrontación verbal que se dio en Zacatecas solo fue el preámbulo de lo que sucedería en Acapulco, en donde la confrontación física provocó la suspensión de los foros por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) y el equipo de Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública.
En cuanto a la realización de los 18 Foros por la Paz proyectados por el presidente electo, desde el primero efectuado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua, López Obrador registró la crispación nacional por la violencia.
Familiares de las víctimas del crimen le plantaron cara y contradijeron la propuesta del perdón para los asesinos. Ahí, el presidente electo les dijo a los participantes del foro: “yo lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que no hay que olvidar pero si estoy a favor del perdón. Respeto a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido´. A los asistentes pidió respeto y tolerancia, pero el coro “no se debe perdonar” retumbó en el recinto universitario.
Después en el foro realizado en el Centro Cultural Tlateloco de la Ciudad de México, López Obrador fue recibido con reclamos y el coro “¡Ni una más!” “¡Ni una más!; “¡Queremos que los encuentren!”; “¡Pónganse a trabajar!” era ensordecedor.
Los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional que iniciaron el 7 de agosto se suspendieron unilateralmente por parte del próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, quien en su cuenta personal de Twitter lo dio a conocer el 7 de octubre.
Hubo cambio de señales, habría dicho la ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.
Respecto a la consulta ciudadana y la encuesta domiciliaria no hay “cambio de señales”, pero la credibilidad de la resultante es muy pobre.
Al tiempo.
@juangomezac