El senador Salomón Jara Cruz hizo un llamado a los gobiernos estatales y al de la Ciudad de México, así como a los municipales, a corresponsabilizarse con el gobierno federal en la protección de las instalaciones hospitalarias y a garantizar la integridad del personal médico, de enfermería, intendencia y administrativo que laboran en el IMSS, ISSSTE, INSABI y sistemas estatales de salud.
Dijo que si bien el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ha anunciado que el Servicio de Protección Federal (SPF) reforzará la seguridad de médicos y enfermeras, este es un tema de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno porque no solamente se requiere resguardar las instalaciones hospitalarias.
Indicó que la ola de ataques, amenazas y actos discriminatorios ha ocurrido cuando el personal sanitario regresa a sus hogares tras haber terminado su turno, por lo que las autoridades deben actuar de manera coordinada y no solamente a través de la fuerza pública.
“Se les debe proporcionar transporte seguro e incluso hospedaje, pues por decisión propia y para garantizar la seguridad de sus familias, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, duermen en sus vehículos; no podemos regatear recursos para quienes están salvando vidas”, urgió Jara Cruz.
Añadió que también se requiere intensificar las campañas de información a nivel municipal, porque esta violencia es consecuencia de la infodemia que ha inundado las redes sociales y que han alimentado irresponsablemente políticos que observan en la emergencia sanitaria la oportunidad de obtener un beneficio electoral.
Mencionó que para prevenir que las agresiones escalen en grado de violencia se debe sancionar a los agresores, aunque por el momento solamente pueden ser señalados por causar lesiones y luego de haberse presentado querella ante el ministerio público.
Cabe recordar que el senador Salomón Jara Cruz presentará una iniciativa para adicionar un artículo 140 BIS al Código Penal Federal, para que las agresiones contra personal sanitario y los ataques a instalaciones hospitalarias durante una emergencia sanitaria sean consideradas sabotaje y sancionadas con una pena de cinco a veinticinco años de prisión y una multa superior a 130 mil pesos, pues están entorpeciendo el acceso a la atención médica a las personas que así lo requieren.