Senadores de la República y eurodiputados destacaron que ante la crisis económica mundial es necesario ratificar lo antes posible el Acuerdo Global modernizado entre México y Unión Europea.
En la declaratoria conjunta de la XXVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que se llevó a cabo del 3 al 5 de noviembre en la Ciudad de México y Quintana Roo, también se analizaron la situación política, económica y social de nuestro país y la comunidad, temas relacionados con la migración, igualdad de género, violencia contra las mujeres, seguridad y justicia.
Subrayaron que el Acuerdo Global modernizado contribuirá a mantener una asociación política, comercial y de cooperación más amplia, basada en el diálogo y el respeto mutuo.
Las y los legisladores agregaron que con ello se fortalecerán las relaciones comerciales basadas en normas, compromisos y valores universales, respetuosos de las inversiones y que rechacen las prácticas proteccionistas y restrictivas, así como la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la lucha contra el cambio climático.
Una vez ratificado, este instrumento internacional impulsará las relaciones comerciales entre ambas partes, que garanticen la aplicabilidad de las disposiciones referentes a los derechos humanos y al desarrollo sostenible, consideraron las y los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
En el encuentro, que encabezaron la senadora Gabriela López Gómez y el eurodiputado Massimiliano Smeriglio, también se destacó que el tratado ofrecerá nuevas oportunidades de acceso a los mercados, de intercambios de bienes y servicios, culturales y buenas prácticas en la lucha contra el cambio climático, intensificará los mecanismos e instrumentos de cooperación y diálogo político, incluyendo la lucha contra la corrupción.
En la declaratoria conjunta, senadores y eurodiputados afirmaron que México y la Unión Europea deben continuar con su estrecha colaboración para enfrentar de manera decidida y sostenible las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19.
En este sentido, celebraron los avances de la cooperación en materia de salud, particularmente en la fabricación y distribución de vacunas, tanto a nivel bilateral como a nivel birregional.
Destacaron el establecimiento del Fondo Conjunto México-Unión Europea, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación estratégica entre ambas partes, para abordar los desafíos del Desarrollo en Transición y la implementación de la Agenda 2030, lo que incluye las respuestas a la crisis del COVID-19.
Las y los legisladores condenaron enérgicamente “la ilegal, no provocada e injustificada guerra de agresión rusa a Ucrania” y reclamaron la inmediata retirada de las tropas rusas, con base en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
También exigieron el pleno respeto al derecho internacional humanitario en los términos de las discusiones y resoluciones en los organismos internacionales relevantes, y reprobaron la “anexión ilegal” de Crimea y de cuatro territorios ucranianos por parte de Rusia mediante referéndums ilegales e ilegítimos, y apostaron por una solución rápida que incluya el diálogo y la diplomacia.
Las y los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea tomaron nota de los esfuerzos del Gobierno de México en la construcción del sistema nacional de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en México, pero expresaron su preocupación por las graves amenazas, asesinatos, hostigamiento, control, persecución y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Además, pidieron a las autoridades correspondientes que tomen todas las medidas necesarias para evitar la impunidad, garantizar la integridad física y psicológica de periodistas y defensores de los derechos humanos y que, aseguren investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales que lleven a los responsables ante la justicia de conformidad con las leyes aplicables.
Por último, senadores y eurodiputados hicieron un llamado para que se trabaje de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, para la creación de una política de prevención y protección para defensores de derechos humanos y periodistas, así como para el fortalecimiento de mecanismos de protección en esta materia.