Especialistas en materia de derechos humanos, religiones y medicina analizaron las implicaciones que puede tener la objeción de conciencia en la prestación de servicios médicos a que tiene derecho la ciudadanía, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, y expusieron su preocupación ante la falta de definiciones y procedimientos que se observan en la reciente reforma a la Ley General de Salud.
Lo anterior en el marco del conversatorio Objeción de conciencia entre el personal de salud: ¿Avance o retroceso para los derechos humanos?, que se llevó a cabo en el Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), donde la discusión reflejó la pluralidad de opiniones que existen en torno a este polémico tema.
Por un lado, hubo quienes coincidieron en destacar que la objeción de conciencia no debe conducir a que el Estado mexicano deje de prestar un servicio médico a la ciudadanía, pues es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para garantizar la permanencia, constancia y calidad de los servicios médicos a los que está obligado.
Pauline Capdevielle, Coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” del IIJ-UNAM, enfatizó que se debe garantizar el derecho a los servicios públicos en el marco de un Estado laico.
Al respecto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a través de su titular Alexandra Haas, indicó que, desde la perspectiva de igualdad y no discriminación, invocar la objeción de conciencia podría reforzar la exclusión de los sectores históricamente marginados al acceso a servicios médicos.
A su vez, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), en voz de su titular Jacqueline L’Hoist, señaló que la objeción de conciencia se contrapone a las garantías constitucionales. Precisó que la condición de salud es la segunda causa de discriminación en la capital del país, por lo que negar un servicio con base en la objeción de conciencia pondría a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez, aseveró que la modificación a la Ley General de Salud, como está planteada, es un retroceso a los derechos humanos en un país donde los servicios médicos tienen graves deficiencias.
Por otra parte, otras y otros expertos participantes en el conversatorio Objeción de conciencia entre el personal de salud: ¿Avance o retroceso para los derechos humanos? expusieron que la libertad de conciencia es un instrumento necesario para vivir en democracia, avalado por el artículo 24 constitucional.
Subrayaron que el Estado mexicano debe articular elementos para salvaguardar el derecho del personal médico a objetar, a la par de garantizar la remisión de los pacientes con un personal médico no objetor, pues sólo de esta forma se estarían garantizando los derechos de todas las personas.
En el encuentro también participaron especialistas de la academia y de organizaciones civiles como Patricio Santillán, presidente del Colegio de Bioética; Jesús Rodríguez Zepeda, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I); Asunción Álvarez del Río, de la Facultad de Medicina de la UNAM; Dora María Sierra Madero, de la Universidad Panamericana; Ingrid Brena y Jorge Adame Goddard, del IIJ-UNAM, así como Pedro Salazar Ugarte, titular de dicho instituto; Ricardo Tapia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM; Gustavo Ortiz Millán y Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM; Jorge Linares Salgado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Itzel Mayans, del Instituto Mora; y Leticia Bonifaz, académica especialista en derechos humanos; Daniela Tejas, del Fondo María; Eliana Olaizalo y Fernanda Díaz, de IPAS México; así como Fray Julián Cruzalta, de Católicas por el Derecho a Decidir. María Molina Fuentes, del IIJ-UNAM, moderó el conversatorio.
El Conversatorio fue organizado por la CDHDF, el Conapred, Copred, la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez”, el IIJ-UNAM, y la CNDH.