El secretario de Gobierno (SECGOB), Ricardo Ruiz Suárez, entregó formalmente al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa para reformar el Artículo 9 de la Constitución local, presentada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, a fin de elevar a rango constitucional el actual Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios y con ello, garantizar el derecho a la alimentación para las y los habitantes de la capital.
Acompañado del secretario de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Juan Gerardo López Hernández, el secretario de Gobierno entregó este proyecto de decreto para su análisis y dictamen a la diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva de este órgano legislativo. En el acto protocolario, Ricardo Ruiz explicó que esta propuesta de reforma busca establecer mecanismos claros y concretos para la atención del derecho a la alimentación en la Ciudad de México, mediante los comedores comunitarios establecidos en la capital en 2009.
“La intención es darle permanencia, establecerlo en la Constitución Política de la Ciudad de México, como un proceso de transformación de un programa, que es la actualidad, a un derecho social exigible y obligatorio”, puntualizó.
Recordó que en 2017, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Comedores Sociales, donde se reconocieron jurídicamente los comedores públicos y comunitarios, iniciados por el actual Jefe de Gobierno, cuando ocupó la titularidad de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en 2009. Desde entonces, dijo, este programa ha sido fundamental para la sociedad, incluso ha sido reconocido internacionalmente.
“Es importante que pase de este esquema de programa social exitoso a un derecho exigible, un derecho que sea mandatado por la Constitución de la Ciudad de México, que sea permanente, y que, además, cuente con estructura suficiente para crecer y para ser un eje esencial del derecho a la alimentación”, subrayó el funcionario.
Por su parte, el titular de SIBISO, Juan Gerardo López Hernández, destacó que esta política pública cuenta con un amplio respaldo social, pues implica la participación tanto del gobierno, como de la ciudadanía organizada, que es quien administra los comedores comunitarios y distribuye los alimentos gratuitos.
“El desarrollo de los comedores se debe fundamentalmente al impulso de la sociedad; el gobierno, por supuesto, aporta esta política pública, pero sin la participación de la ciudadanía organizada, que administra los comedores, no sería posible. Así que es un logro del gobierno y de la sociedad, y en este momento solicitamos al Congreso de nuestra ciudad, que con la sensibilidad que lo caracteriza, le dé una consolidación a nivel constitucional a este programa”, finalizó.