El decreto presidencial publicado ayer para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen autorizaciones provisionales para los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional es un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho, acusó el Senador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.
“Es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de sus principales proyectos. Es un atropello constitucional y a todas luces ilegal que permitirá que cualquier ocurrencia presidencial sea ejecutada como obra pública prioritaria”, aseguró.
Esta tarde en conferencia de prensa, acompañado por las senadoras y los senadores de la Bancada Naranja, el legislador por Jalisco advirtió que con este decreto el Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó al Estado mexicano y abre una ventana enorme de discrecionalidad para hacer lo que “se le pegue la gana”, obviando cualquier procedimiento legal y la normatividad.
“El problema es que en esta desesperación está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derechos, que es lo más lamentable de todo este asunto”, comentó.
Castañeda subrayó que con este decreto:
1. se obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos;
2. bloquea el ejercicio de derechos como los amparos;
3. y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.
“No vamos a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que consideramos es, el interés público. Estamos revisando el mecanismo jurídico más adecuado para llevarlo a cabo, no podemos dar pasos en falso. Movimiento Ciudadano seguirá actuando con absoluta responsabilidad y vamos a combatir este decreto de frente y con la ley de nuestro lado”, puntualizó.
En su intervención, la Senadora Verónica Delgadillo, consideró que este decreto demuestra que el Gobierno federal protege la corrupción, opacidad y discrecionalidad en las obras prioritarias que tienen un gran impacto medioambiental y que ponen en peligro los recursos naturales de México.
A su vez, el Senador Luis David Ortiz, consideró que con este decreto, el Presidente ignoró al Congreso de la Unión, pues el contenido debió haberse intentado hacer, a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Añadió que aunque en este caso no procede la Acción de Inconstitucionalidad, sí se puede respaldar a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, el cual está analizando si procede jurídicamente contra el decreto.
En tanto, el Senador Juan Zepeda subrayó que la gravedad de este decreto es que al denominar a las obras del Gobierno federal como de “interés público” o “seguridad nacional”, ningún particular podrá solicitar información pública de estos proyectos y, en su caso, denunciar posibles actos de corrupción.
En ese sentido, señaló que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional es el mayor contratista del Gobierno federal al estar a cargo de varias obras del Gobierno Federal. Sin embargo, advirtió que se están cometiendo barbaridades, pues recientemente se detectó que el Ejército está entregando contratos a sobreprecios a empresas fantasma o factureras y otras violaciones a la normatividad.