El dictamen emitido por la Coordinación General de Servicios de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Guadalupe Mercado Montoya, consideró inexistente algún tipo de afectación o daño a pueblos y barrios originarios por las adecuaciones urbanas para la operación de la Línea 7 del Metrobús.
De esta manera, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) advierte sobre argumentos equivocados que en días pasados la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), agrupación que mantiene una disputa jurídica con el Gobierno de la Ciudad de México por esta obra de la cual autoridades federales y locales ya han emitido sus respectivos fallos en favor de dicha línea de transporte público.
La Consejería Jurídica lamenta que la AMDA pretenda desvirtuar, con argumentos mediáticos, el juicio de amparo 841/2017, ante la incapacidad de sustentar los jurídico-legales ante las autoridades correspondientes.
Precisa que la PGR refirió al Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México distintas encuestas realizadas a habitantes de las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, quienes se asumen y autodenominan como integrantes de pueblos y barrios originarios, sin que manifestaran inconvenientes por la Línea 7 del Metrobús, que corre principalmente por Calzada de los Misterios y Paseo de la Reforma.
El dictamen de la Coordinación General de Servicios de la PGR señaló que en la delegación Miguel Hidalgo no existen los grupos poblacionales referidos en las inmediaciones donde se construyó la obra.
En últimos meses la AMDA ha buscado hacer valer distintos recursos jurídicos –sin poderlos sustentar- con la intención de frenar un proyecto moderno y que contribuye al cuidado del medio ambiente, que diariamente da servicio a más 135 mil personas.