Del 3 al 5 de junio de 2018, en Washington D.C, se llevará a cabo la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Diana Sánchez Barrios, defensora de derechos humanos y fundadora de Prodiana A.C asistirá como Vocera de la Coalición “Por Una Cultura Pública Innovadora con Justicia Social” coalición integrada por Organizaciones de México, Venezuela, Guatemala, Perú y Argentina. Donde emitirá recomendación a los países integrantes, sobre economía informal, para derogar leyes, reglamentos y bandos que criminalicen el comercio popular en el hemisferio, cambiarlas por leyes con perspectiva de derechos humanos que reconozcan el derecho al trabajo, a la libre concurrencia mercantil y el derecho al desarrollo económico.
“Orden sí, criminalización no”, son las palabras de la activista Diana Sánchez Barrios quien persiste en la posibilidad de que las personas en situación de informalidad laboral puedan mejorar sus condiciones de vida saliendo de la pobreza, obteniendo acceso a los servicios de salud, prestaciones para adquirir una vivienda o posibilidades de emprender.
El Foro Económico Mundial estima que alrededor de 130 millones de latinoamericanos tienen empleos informales lo cual limita la productividad y el desarrollo económico de la región.
Además, tan solo en México, en 2017 existían 30 millones de personas en esta situación, lo que significó el 57% de la población ocupada, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La complejidad de esta situación puede dimensionarse más fácilmente si lo vemos así: casi seis de cada diez mexicanos y mexicanas tienen un empleo informal.
Por su parte, el Consejo de las Américas posiciona a México como el octavo país en Latinoamérica con más empleo informal, después de Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Paraguay, Colombia.
“El comercio popular en el hemisferio es un tema cultural que tiene que ver con nuestros usos y costumbres, una actividad económica realizada por el ser humano en sociedad desde que racionalizó la necesidad de intercambiar productos y mercancía para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que no debe de criminalizarse y sí regularse” Diana Sánchez