La Comisión de Infraestructura se reunió con funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP) y constructores del país, para analizar reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o crear un nuevo marco jurídico, a fin de aumentar la competitividad, planeación y transparencia.
Para ello, la instancia legislativa, presidida por el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, aprobó la realización de seis foros en el ámbito regional y nacional, para escuchar propuestas y preocupaciones de todos los sectores involucrados en esta actividad.
Ante diputados, Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que son de revisar los procesos que se acostumbraban en la contratación de obra pública respecto a extorsiones y peticiones de apoyos.
Apuntó la necesidad de hacer efectivos los castigos tanto al funcionario que incurra en una falta, a través de inhabilitaciones o rescisión de contrato, y también a las empresas constructoras.
Son temas que deben atenderse, así como la creación de un Instituto Autónomo de Planeación.
Reconoció el esfuerzo de la Comisión para realizar los foros de consulta que se efectuarán a partir de marzo en el Puerto de Veracruz; Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato; Tijuana, Baja California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados.
Jorge Jiménez Alcaraz, director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) de la Secretaría de Educación Pública, sostuvo la relevancia de revisar la Ley de Obras Públicas, y expresó la disposición de la dependencia para participar en los foros.
Sostuvo que es vital la inversión pública en infraestructura para mejorar la competitividad de los servicios en el país y como detonante de la economía interna a fin de generar empleo, el equilibrio y derrama económica.
Destacó la importancia de fortalecer la infraestructura educativa que no requiere importar ingenieros ni materiales, y generar una integración de insumos nacionales al cien por ciento, a través de micro y pequeñas empresas, que son las que generan más fuentes de trabajo.
Pidió analizar el ejercicio del Capítulo Cuatro mil de la Ley de Obras Públicas, relativo a los fondos para la reconstrucción por fenómenos naturales, ya que las dependencias están impedidas de aplicar ese marco jurídico. Sugirió revisar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Sobre la falta de cumplimiento de empresas “patito” que cobran el anticipo y después se desaparecen o no ejecutan la obra, indicó que hay gran complejidad para aplicar los adelantos y fianzas de garantía y vicios ocultos.
Por ello, explicó que rescindir un contrato que implicaría varios meses en un proceso judicial y urge la obra, se prefiere negociar las mejores condiciones o las menos inadecuadas para no suspender la construcción. Son factores que inciden en el buen ejercicio del presupuesto, agregó.
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), celebró que se analice una reforma a este marco legal, ya que todos los participantes padecen muchos problemas de corrupción y falta de transparencia.
Solicitó castigar a funcionarios y empresarios que no cumplan. Si hay extorsiones se debe ser más ágiles con las denuncias, porque es un tema crítico en el país. “Los empresarios estamos muy contentos que se diga todos los días que se va a combatir la corrupción”. Pidió la participación de los legisladores y de todos los sectores para generar mejor calidad de obras.
Demandó enfocarse en modificaciones concretas para corregirlas y aplicarlas de inmediato, a fin de adecuarlas a la modernidad, avances tecnológicos e innovación.
“A la sociedad no le gusta lo que está pasando alrededor de la obra pública y le echan la culpa a los constructores, pero la culpa no está sólo en un sector sino en todos, por eso hay que entrarle. Impulsar la profesionalización de las empresas, no queremos improvisados, ni los amigos de los funcionarios”, destacó.
Afirmó que la propuesta de los diputados es oportuna para que se evalúen temas como la transparencia, técnicos, administrativos y legales de forma integral; que la contratación de obra pública sea más ágil, no es para beneficiar a los empresarios, sino hacer más ágiles los procesos y aplicar los recursos con calidad.
Francisco Islas Vázquez del Mercado, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, resaltó que como constructores es importante lograr mayor eficiencia en la aplicación de recursos en la obra pública que beneficie a todos los mexicanos, por eso una planeación es vital.
Propuso diseñar una nueva Ley de Obra Pública sin descartar los artículos que han dado resultados. Se tiene que promover un marco jurídico que impulse la infraestructura, mediante una adecuada planeación y contratación eficiente.
Al respecto, el diputado Exsome Zapata apuntó que la contratación pública en la actualidad “es un instrumento insuficiente” para elevar el bienestar y calidad de vida de la población e impulsar las actividades productivas. Además, se observa la continua vulnerabilidad de servidores públicos ante la corrupción.
Por ello, dijo, se escucharán todas las voces para actualizar esta ley o proponer una nueva que aumente la calidad del gasto, fomente una relación sociedad-gobierno más íntegra, garantice que las obras contratadas sean necesarias y resuelvan la falta de infraestructura mediante la efectiva planeación.
Asimismo, aseguró que se analizarán todas las propuestas presentadas por los legisladores en diversas legislaturas, en busca de mejorar los niveles de confianza hacia las instituciones públicas, evitar el mal uso y subutilización de CompraNet y, reducir los tiempos en la contratación para alentar la transparencia, elevar la participación de la sociedad civil que evalúe su desempeño y utilice la tecnología.
El legislador por Veracruz sostuvo que la obtención de contratos públicos resulta irregular, hay simulaciones en las licitaciones públicas y en los procesos restringidos. Se tienen desfases en tiempos y montos en detrimento del interés público y la planeación resulta muy deficiente.
Por ello, en la nueva etapa en la que se encuentra México, las contrataciones de obra ya “no deben seguir representando un riesgo para el erario y mucho menos para el interés público”.
Expresó el compromiso de la Comisión para crear el marco legal que cambie esta realidad, ya que “la ley que tenemos ha sido remendada, parchada y tenemos un Frankenstein, que por las condiciones en que se encuentra ha provocado los problemas que existen”.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (Sin Partido) consideró urgente y necesario reformar la Ley de Obras Públicas, porque la contratación es estratégica en el desarrollo y garantizar el bienestar social, además de que es una demanda añeja de los constructores.
Destacó la importancia de elaborar una iniciativa incluyente y plural, integrada por las propuestas de la sociedad, la academia, iniciativa privada, gobiernos estatales y municipales, con el propósito de que exista una verdadera planeación, rendición de cuentas, libre competencia, transparencia y competitividad que promueva mayor calidad de los servicios.
“La planeación no debe ser parte de caprichos políticos, acuerdos clientelares, colores partidistas e improvisaciones electorales de ningún gobernante ni gobierno en turno”.
Propuso proyectos multianuales que no estén limitados al año fiscal o cambios de administración, y que en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aprueben presupuesto para contratos que abarquen más de un periodo fiscal.
Además de crear un Banco de Proyectos, con inventarios a mediano y largo plazos que incluya de forma obligatoria los estudios de factibilidad económica, ambiental, social, técnica, legal, planes de ejecución, a fin de reducir la discrecionalidad e improvisación.
La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), resaltó la necesidad de incorporar la innovación tecnológica en la obra pública. Pidió redireccionar recursos para este objetivo en la industria de la construcción e infraestructura, e impulsar el incremento de presupuesto en este ámbito.
El diputado de Morena, Samuel Herrera Chávez se congratuló por la realización de los foros, ya que consultar a los sectores es una nueva modalidad para escuchar a la sociedad civil y estar atentos a sus reclamos e identificar dónde está la problemática.
Del PAN, la legisladora Nohemí Alemán Hernández se sumó a la propuesta para reformar la Ley de Obra Pública. Reconoció la disposición de la cámara de construcción y, los colegios de ingenieros y arquitectos.