La senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Citlalli Hernández Mora encabezó la mesa de análisis “Derechos de las Víctimas, Avances y Retos” y recibió de parte de la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, la Guía Práctica sobre derechos de la Víctimas.
En el evento, la legisladora se comprometió, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, a dar seguimiento a las observaciones de los participantes en este foro para avanzar en los pendientes en materia legislativa.
Además, manifestó su disposición para tender puentes de comunicación y estar más cerca de las familias de las víctimas porque lo importantes, dijo, es terminar con la impunidad y garantizar la justicia.
Por su parte, Jérémy Renaux, coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos de la Víctimas aseguró que a pesar de que nuestro país cuenta con una ley general sobre la materia, los derechos de estos afectados se han olvidado por mucho tiempo. Prueba de ello es que los estados de la república no han actualizado en tiempo y forma sus leyes locales, carecen de recursos para atender a estas personas. A seis años de haber publicado la Ley General de víctimas, existen 12 estados que no tienen comisiones locales para atenderlas, lo que las deja en total indefensión.
Jérémy Renaux denunció además que en el país no se cuenta con un registro confiable de víctimas. Como ejemplo, mencionó que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) tiene contabilizadas hasta ahora 23 mil 655 de ellas. Una cifra, dijo, muy baja para un país que reporta desaparecidos, feminicidios y altos números de homicidios.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS consideró necesario avanzar en la implementación de la Ley General de Victimas para que se garantice el derecho de los afectados a la justicia.
En el evento, los integrantes de los colectivos narraron las dificultades que atraviesan para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos porque las autoridades ministeriales se niegan a profundizar en las investigaciones.
Incluso, algunas provenientes del estado de Veracruz demandaron que, al exgobernador, Javier Duarte, también se le finquen cargos por desaparición forzada de personas, pues durante su administración creció este delito.