La Comisión de Gobernación avaló un dictamen para solicitar a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a sus homólogas en el país, que realicen simulacros en horarios diversos, incluso nocturnos, a fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de la población, unidades internas y brigadas ante sismos de gran magnitud.
El órgano legislativo que preside la senadora Mónica Fernández Balboa avaló que se dé especial enfoque en las entidades con mayor riesgo, como la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
Las y los senadores destacaron que es trascendente que el Programa Nacional de Protección Civil 2022-2024 contemple que una de las principales debilidades en materia de prevención, ante riesgos de fenómenos naturales, es la falta de planes y programas de protección civil en los órdenes de gobierno local y municipal, así como la falta de fomento de la cultura preventiva.
Reconocieron que el país tiene constante actividad telúrica, debido a que se encuentra en una de las zonas sísmicas con mayor actividad en el mundo, el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, por el alto grado de sismicidad que resulta de la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Rivera y del Pacífico.
Indicaron que en los últimos años, el número de movimientos telúricos creció notoriamente, pues en el 2010 se registraron tres mil 462; en el 2020, 30 mil 130; pero en lo que va de este año, 2023, se han reportado siete mil 505; tan sólo en marzo, el Servicio Sismológico Nacional registró dos mil 134 temblores con magnitudes de uno a 5.8.
Comentaron que la actividad sísmica en abril de este año se dio en Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México y Michoacán, lo que significa que estamos en una situación en la que puede presentarse, en cualquier momento, un sismo.
Mencionaron que entre el 2000 al 2020, en México se contabilizaron 10 mil 627 decesos, así como 576 millones 391 mil pesos por pérdidas por diversos desastres ocurridos y que, durante esas dos décadas, alrededor de 56.5 millones de habitantes sufrieron alguna afectación, ya sea por la pérdida de su patrimonio o de sus medios de vida.
El dictamen enfatiza en que, en los sismos del 2017, se evidenció en México una vulnerabilidad alta debido a que el monto de los daños fue superior a los 81 mil 616 millones de pesos, y 468 personas fallecieron, además, se presentaron daños infraestructurales de 182 mil 797 viviendas, con un total de 14 millones 321 mil 994 personas afectadas.
También señala que las entidades principalmente afectadas en el 2017, por los movimientos telúricos, fueron Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Las y los senadores expresaron que, si bien los avances tecnológicos permiten implementar Sistemas de Alerta Temprana, aún no es posible conocer el momento en que ocurrirá algún fenómeno natural, para lo cual, se debe contar con información para estar mejor preparados sobre lo que tiene que realizarse antes, durante y después de un temblor.