Activistas y abogados denuncian que el vástago del director de la Comisión Federal de Electricidad intentó negociar la posesión de terrenos en el Estado de México a cambio de quitar cargos de privación ilegal, lesiones y robo a comuneros que más tarde serían absueltos judicialmente, y arropados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Comuneros y abogados de Salazar, en Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en reuniones en el año 2018. Todas coinciden en que Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.
“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”.
Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.
Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra. La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.
A mediados de los años noventa, mientras los juicios estaban en marcha, el Ejido San Mateo Atarasquillo vendió tierras en disputa a particulares, entre ellos los empresarios Carlos Slim y Jaime Azcárraga, que según reportajes de ARISTEGUI NOTICIAS han construido ranchos en la zona.