La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, participó en la mesa de diálogo “Erradicación de la violencia de género: el reto de las políticas públicas”, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de abordar las diferentes problemáticas que existen alrededor del tema, así como los mecanismos que ya existen, en especial aquellos que tienen una relación directa con el acceso a la justicia y los retos que las instituciones enfrentan actualmente.
De acuerdo con las cifras del último Censo Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), en México solamente existen 3 mil 462 agencias del ministerio público de las cuales únicamente, 250 están especializadas para atender casos de violencia contra las mujeres. Esto significa que solo una agencia debería dar atención a más de 100 mil mujeres.
Esto aunado a falta de confianza en las autoridades e instituciones de procuración e impartición de justicia, la falta de acceso de las mujeres a la justicia y la impunidad respecto a los delitos por razón de género se vuelven problemáticas de atención prioritaria para poder erradicar la violencia contra las mujeres.
Ante lo que pasa con las violencias hacia las mujeres, la titular del Inmujeres destacó la importancia de la prevención para propiciar un cambio en el que se involucren los distintos sectores, así como los hombres para que se conozca lo que vulnera el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia y que no se tolera.
Destacó que el Inmujeres trabaja de la mano de la ministra Yasmín Esquivel para desarrollar acciones y se han propuesto estrategias para fortalecer el sistema de atención, acercar los servicios e identificar lo que realmente las mujeres necesitan. “Tenemos que mejorar la respuesta judicial por lo grave que es la violencia contra las mujeres. y hacer mayores esfuerzos en prevenir los delitos que vulneran sus derechos “, puntualizó.
En este sentido, aseguró que en el Gobierno de México se trabaja de manera articulada y existe el firme compromiso de poner en marcha en todo el país, el recién aprobado y publicado Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres que orienta cómo tener acciones en la educación, en la seguridad pública, en los medios de comunicación, en las calles o en cómo involucrar a los hombres a ser parte del cambio.
Asimismo, en este diálogo se contó con la participación la comisionada Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, quien comentó que para erradicar estas problemáticas que afectan el desarrollo y la vida de las mujeres y niñas, es necesario lograr que la justicia sea un espacio seguro para todas.
Por ejemplo, “las violaciones son un antecedente para un feminicidio. Las violaciones se están registrando en 9 de cada 10 casos en el interior de los hogares y no se denuncian por dos razones: por miedo o vergüenza y porque no hay suficiente confianza en las instituciones. Las mujeres siguen siendo cuestionadas y desatendidas en los ministerios públicos”, refirió.
“Los Centros de Justicia para las Mujeres están en una revisión permanente con las instancias de las mujeres de las entidades federativas para extender los centros de justica y hoy tenemos 56 centros ya en toda la República”, reiteró la comisionada.
En su turno, la encargada del despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Irasema Zavaleta Villalpando, comentó que todos los días se vive la discriminación y violencia de género.
“Necesitamos cambiar esta realidad. Debemos de combatir los crímenes de odio, hay que desarticularlos. Sabemos que 29.5 por ciento de mujeres de 18 años y más se les discriminó sólo por el hecho de ser mujeres, en contraste del 5.4 por ciento de los hombres, lo que tiene que ver con el sistema de discriminación estructural y lo difícil que se vuelve conseguir la igualdad sustantiva”, comentó.
A lo largo del diálogo moderado por la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, sobresalieron propuestas como: garantizar la traducción e interpretación a mujeres indígenas; brindar servicios de impartición de justicia de manera integral para que en un solo lugar se atiendan los casos en materia penal, civil y familiar; elaborar protocolos de órdenes de protección que retomen lo esencial de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y tener programas de participación para el personal encargado de acompañar a las mujeres que decidan denunciar.
“Desde el Gobierno de México atendemos el llamado de las mujeres que se manifiestan y demandan justicia y estamos trabajando cotidianamente para darle respuesta a estas problemáticas tan dolorosas y que necesitan acciones contundentes”, dijo la presidenta del Inmujeres al concluir el diálogo.
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